Una Respuesta que Llegó, Más o Menos

Cuando lo dejamos en la Parte 1, la Ley 93 de 1973 acababa de sacar los alquileres por día y las temporadas cortas de la ley de arrendamiento de Panamá, dejándolos en un limbo regulatorio. Si una ley de inquilinato no iba a gobernar hoteles, pensiones y estadías cortas de vacaciones, la lógica dice que algo más debía haber entrado bastante rápido a hacerse cargo de ese territorio. Y en cierto sentido, algo entró: tres años después, en 1976, Panamá aprobó una ley enfocada específicamente en el hospedaje de corta estadía.

La pregunta es si en realidad cerró el vacío, o si solo construyó una caja más pequeña y específica alrededor de una parte de él.

Ley 74 de 1976: Nombrando los Negocios que Podía Ver

La Ley 74 de 1976 regula lo que su propio texto llama "el servicio remunerado de hotelería y hospedaje público". El Artículo 2 exige que cualquiera que construya u opere "hoteles y demás establecimientos de hospedaje o alojamiento público" someta sus planos para aprobación y solicite autorización mediante un formulario especial preparado por el instituto nacional de turismo de la época.

A primera vista, esa frase — "hoteles y demás establecimientos de hospedaje o alojamiento público" — suena lo suficientemente amplia como para incluir casi cualquier cosa. Y hay un argumento legal razonable, planteado en comentarios posteriores sobre esta ley, de que la frase se escribió de manera lo bastante amplia como para, en teoría, alcanzar también los alquileres de corta estadía en casas, aunque el concepto de una persona particular alquilando un cuarto extra o un apartamento a viajeros todavía no era un fenómeno reconocible en 1976. La ley simplemente no tenía el vocabulario para algo que aún no podía imaginar como una categoría comercial distinta.

Decreto 17-B de 1977: Donde el Vocabulario Realmente se Achicó

Al año siguiente, se expidió el Decreto No. 17-B de 1977 para regular cómo funcionaría en la práctica la Ley 74. Y aquí es donde la ambición de "hoteles y demás establecimientos de alojamiento público" se reduce calladamente a algo mucho más específico. El Artículo 2 del decreto enumera exactamente cuáles establecimientos están sujetos a sus reglas: Hoteles, Moteles, Residencias, Pensiones y Apart-hoteles.

Esa es toda la lista. Cinco categorías, todas ellas operaciones comerciales reconocibles, construidas, rotuladas y con personal. En ninguna parte de esa lista encontramos casas o apartamentos alquilados habitualmente por periodos menores a seis meses — precisamente la actividad que la Ley 93 de 1973 había excluido explícitamente de su propio alcance apenas unos años antes. El vacío identificado en la Parte 1 está ahí, sin ser atendido, a plena vista de la regulación que se suponía debía responderlo.

Legislar lo que se Puede Ver, no lo que Realmente Está Pasando

¿Por qué la omisión? La explicación más plausible no es una conspiración ni un vacío legal deliberado — es cuestión de visibilidad. En 1977, un hotel era una entidad comercial obvia: un edificio construido para ese propósito, con lobby, letrero, empleados y una solicitud de licencia comercial sobre el escritorio de alguien en el instituto de turismo. Un dueño de casa particular que alquilaba un cuarto o una casa de playa a viajeros por unas semanas parecía un arreglo personal e informal, no una categoría de negocio que mereciera su propia línea en un decreto.

Los legisladores, comprensiblemente, regularon los negocios que podían señalar. Escribieron reglas para la industria hotelera visible y estructurada de su época. Lo que no hicieron — porque la actividad todavía no había cristalizado en algo identificable — fue regular la actividad subyacente de alquilar una vivienda por corta estadía a cambio de dinero, sin importar quién lo hiciera o qué tan formal pareciera el arreglo.

Esa distinción entre regular un tipo de negocio y regular un tipo de actividad es el hilo que jala toda esta serie. Es también exactamente la distinción que, décadas después, permitiría a operadores clandestinos alegar que no estaban manejando un "hotel" ni una "pensión", sino simplemente prestando su apartamento por dinero, calladamente.

Entonces, ¿Qué Llenó el Vacío de 1973? No Mucho.

Si tenías la esperanza de que este capítulo revelara la ley que finalmente alcanzó a los alquileres de corta estadía en casas, la respuesta honesta es: todavía no. La Ley 74 y el Decreto 17-B no llenaron el vacío que dejó la Ley 93 — en su mayoría solo formalizaron el lado hotelero de la industria de hospedaje que ya era fácil de regular. La caja se volvió un poco más detallada, con categorías nombradas como pensiones y apart-hoteles, pero siguió siendo una caja con forma de hotel. Las casas y apartamentos alquilados habitualmente a viajeros por menos de seis meses se quedaron exactamente donde la Ley 93 los había dejado: sin mencionar, sin clasificar y sin regular.

Tomaría casi dos décadas más, y un tipo de ley muy distinto enfocado en promover el turismo en vez de solo licenciar hoteles, antes de que el vocabulario de Panamá empezara a ampliarse lo suficiente como para describir formas de hospedaje más pequeñas y personales — cabañas, hostales familiares, albergues — categorías que, como veremos en la Parte 3, empiezan a parecerse mucho a lo que hoy llamaríamos un Airbnb. La red todavía no era lo bastante amplia en 1977. Pero estaba a punto de empezar a crecer, una categoría a la vez.

Por ahora, si estás tratando de entender por qué todavía hay tanta confusión alrededor de los alquileres de corta estadía en Panamá, ayuda recordar que esa confusión tiene raíces profundas: hasta el propio vocabulario de la ley tardó décadas en ponerse al día con un mercado de alquiler que los viajeros ya llevaban generaciones usando. ¿Buscas estadías que ya estén al día con las reglas? nuestro directorio solo incluye propiedades que cumplen con los marcos legales que esta serie va explicando.