Por una competencia justa, formal y en igualdad de condiciones para el turismo en Panamá

Ciudad de Panamá, República de Panamá

A la opinión pública, a los actores del sector turístico y a los medios de comunicación:

Frente a las recientes afirmaciones que buscan distorsionar el debate sobre la regulación de las actividades de hospedaje en nuestro país, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) considera un deber cívico y gremial dirigirse a la ciudadanía con transparencia, responsabilidad y apego a la verdad.

Rechazamos de manera categórica que se señale a nuestro gremio como autor o redactor de tarifas, resoluciones o medidas regulatorias. Aseverar que APATEL ha redactado estas disposiciones no solo es una afirmación falsa e irresponsable, sino también una falta de respeto hacia la institucionalidad del Estado panameño y hacia las autoridades gubernamentales, en quienes recae la potestad de normar, fiscalizar y establecer políticas públicas. Nuestro rol es el de ser un interlocutor técnico y propositivo que vela por la sostenibilidad de la industria turística nacional, respetando en todo momento el marco legal vigente.

Deseamos ser enfáticos: no tenemos interés alguno en alimentar una confrontación estéril de plataformas digitales contra hoteles. Reconocemos que el turismo mundial evoluciona, que la tecnología forma parte integral de esa transformación y que el hospedaje de corta estancia cumple un rol válido al resolver la falta de infraestructura en zonas remotas de nuestro país. De hecho, la propia ley de incentivos turísticos fue concebida precisamente para estimular la inversión y llevar desarrollo a áreas fuera de la Ciudad de Panamá, donde construir y operar implica un importante reto logístico y de capital.

Por ello, recurrir al argumento de que existen incentivos millonarios para la hotelería con el fin de justificar que no se regule esta actividad, o afirmar que se pretende tasar a pequeños empresarios, es un planteamiento irrelevante que desvía la atención del debate. Creemos firmemente en el libre mercado y en la iniciativa privada, pero la libertad de empresa solo puede generar bienestar cuando opera bajo reglas claras y en condiciones de igualdad para todos los competidores. La libre competencia no debe confundirse con la desregulación selectiva. Tampoco toleraremos ataques infundados contra nuestro gremio y nos reservamos el derecho de tomar las medidas pertinentes si estos continúan.

La marcada disparidad de tarifas que hoy se observa en el mercado no responde únicamente a diferencias de eficiencia comercial; también refleja una competencia desigual, producto de la falta de regulación y fiscalización. Mientras los establecimientos hoteleros formales asumimos el pago de impuestos, sostenemos planillas con salarios y prestaciones, aportamos a la Caja de Seguro Social y cumplimos con exigencias de seguridad, certificaciones, pólizas de responsabilidad civil y controles sanitarios, las ofertas que operan al margen de estas obligaciones pueden tener costos menores. Esta falta de condiciones equivalentes les permite ofrecer tarifas por debajo de las que un hotel formal puede sostener, además de afectar los ingresos del Estado y plantear desafíos para la protección del visitante.

En este sentido, presentar la formalización como un intento de atropellar a los pequeños emprendedores constituye demagogia y desvía la atención del problema de fondo. La realidad es que este sector incluye tanto familias que “comparten” una habitación de su hogar como esquemas de inversión inmobiliaria a gran escala y operadores con múltiples propiedades que funcionan como hospedajes de facto, pero sin asumir las responsabilidades fiscales, laborales y civiles correspondientes. Regular no es frenar el emprendimiento; es ofrecer seguridad jurídica, proteger al consumidor y garantizar condiciones más equitativas para todos.

La hotelería panameña ha sido históricamente un pilar en la generación de empleo, la inversión y la proyección internacional de nuestro país. No pedimos privilegios ni pretendemos frenar la modernidad; defendemos la equidad, la formalidad y el cumplimiento de las normas para que el turismo continúe siendo un motor de progreso para todos los panameños.

Atentamente,

Asociación Panameña de Hoteles (APATEL)

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TrustedPanamaStays comenta:

Esta carta fue enviada a La Estrella de Panamá por el presidente de APATEL el día 2 de octubre de 2026, después que Airbnb publicara una carta abierta suya al Gobierno con muchas falsedades. Se entiende que APATEL, como representate de todos los hoteles y hospedajes legalmente registrados ante la ATP, usa un lenguaje cauto y formal y no menciona Airbnb con nombre.

Nosotros podemos hablar más claro.

1) Airbnb.com hace miles de millones promoviendo alquileres de corta estadía (short-term rentals or STR en inglés) "al margen de la ley", o más claramente, ilegales. Estos hospedajes gozan de anonimidad completa en la plataforma, ya que Airbnb intencionalmente los publica bajo títulos de fantasía que nadie afuera de la plataforma puede identificar, y esconde la ubicación del hospedaje, publicando mapas que muestran el hospedaje fuera de su ubicación real. No sabemos exactamente cuántos de estos hospedajes sean registrados y pagan impuestos como la ley panameña requiere, pero podemos decir con certitud que la gran mayoría son ilegales.

De acuerdo con datos actualizados de firmas de análisis de mercado como AirDNA, la oferta turística digital se concentra principalmente en tres grandes regiones del país:

1. Provincia de Panamá (incluyendo la Ciudad de Panamá): Concentra la mayor parte de la oferta con más de 3,800 anuncios activos. Específicamente la Ciudad de Panamá registra alrededor de 2,600 propiedades activas en Airbnb.
2. Provincia de Panamá Oeste: Es la segunda zona con mayor volumen, registrando cerca de 1,540 alojamientos (impulsado fuertemente por destinos de playa como Coronado).
3. Provincia de Chiriquí: Suma un aproximado de 1,040 propiedades activas, con Boquete liderando como el destino de montaña preferido.

Solo en los 9 mercados panameños más grandes, AirDNA cuenta 8301 listados en plataformas como Airbnb, y hay muchos más que no se anuncian en estas plataformas sino en medios sociales, particularmente en Facebook e Instagram, o con páginas web propias. En total, se estima que hay alrededor de 12,000 hospedajes de corta estadía en Panamá.

Solo una pequeña fracción de estos son legalmente registrados ante la ATP.

El directorio TrustedPanamasStays, que se basa en los datos públicos de la ATP y solo incluye hospedajes legalmente registrados, muestra solo 1232 hospedajes verificados en todo el país a la fecha, aproximadamente 10% del total. Vale a decir, alrededor de 90% de los hospedajes no son registrados, no pagan impuestos, y a menudo usan para sus actividades comerciales servicios publicos como aseo urbano, agua, electricidad y gas propano a tarifas pensadas para familias panameñas y no para empresas que producen ganancias usando esto recursos. Evadiendo impuestos quiere decir que no contribuyen a la construcción y al mantenimiento de exactamente la infraestructuras públicas que les permiten de hacer dinero. Además de no devolver una parte de estos beneficios a la comunidad, ellos tienen gastos de gestión y de cumplimiento mucho más bajos de los hospedajes legales y crean una competencia desleal y sensible.

Estos gastos no se limitan al impuesto de 10% de ITBMS. Comercios legales pagan también impuestos sobre la renta y deben mantener una contabilidad ordenada y emitir facturas. Esto require generalmente los servicios de un contador público (CPA) que no es gratis.

Además hay gastos de cumplimiento, como la compra y el mantenimiente de medidas de seguridad, como alarmas de humo, de monóxido de carbonio, extintores y otro. Estos gastos adicionales (excluyendo el imposte sobra la renta) se calculan alrededor 5%, elevando los gasto totales entre ITBMS y cumplimiente a más de 15%.

Y los gastos no terminan allí. Los descuentos para jubilados que hoteles deben ofrecer (en promedio 41.4% de la tarifa regular) y que (injustamente!) deben pagar de su propio bolsillo, son otro gasto que los ilegales evaden junto con los impuestos y que crean una fuerte disparidad a favor de los hospedajes clandestinos.

Naturalmente, Calos Muñoz, el representante de Airbnb, no habla de esto. Su finción no es reconocer la fea realidad, sino defender los miles de millones de ganancias que su empresa hace promoviendo hospedajes ilegales.

Hay dos proyectos de ley que atacan el problema desde ángulos distintos. El proyecto 301, en su artículo 6, faculta a la DGI para acordar, con plataformas como Airbnb, mecanismos para cobrar el impuesto en el momento del pago, de modo que los anfitriones dejen de evadir lo que han evadido durante años. Y el proyecto 713, en su artículo 30, fija para los alquileres no registrados una tarifa de ITBMS que acerca su costo al de los hospedajes y hoteles regulares. No se trata de cobrar más, sino de equiparar el costo de hacer negocios y establecer reglas de juego equitativas.

Cuando Muñoz habla de "un impuesto discriminatorio cuya tarifa fue redactada por el competidor del sector que deberá pagarla, y que el Estado la convierte en ley.", él sabe perfectamente que esta es una descarada distorsión de los hechos.

Los que trabajamos legalmente en el turismo sabemos perfectamente que el ITBMS que el hospedaje cobra al turista como sustituto de impuesto es solo una parte de lo que influye en el precio que se debe cobrar al huésped para pagar la inversión, los honorarios y salarios del personal y de servicios externos como los de contabilidad, el seguro social, y el mantenimiento.

Muñoz ofrece "cuatro recomendaciones concretas:

1) Eliminar el Artículo 30 del proyecto 713 y establecer una tarifa única del 10% de ITBMS para todos los tipos distintos de hospedaje,

2) Aprobar el proyecto 301, orientado a regular los alojamientos de corta estancia, el cual ya ha sido dialogado con el sector,

3) Adoptar normas OCDE para fortalecer la fiscalización del pago del ITBMS;y

4) Crear de una mesa técnica con el sector para poder construir soluciones para desarrollar laindustria turística en Panamá en su totalidad tomando en cuenta todos los diferentes actores."

El artículo 30 del proyecto 713 modifica el Código Fiscal: mantiene el ITBMS del 10 % para los hoteles y demás establecimientos de alojamiento público turístico «debidamente registrados o autorizados», y aplica un 15 % a los alquileres de corta duración en casas, apartamentos, habitaciones y otros inmuebles residenciales que no lo son, ya sea que se gestionen directamente o mediante plataformas digitales. Esta propuesta parte de que las autoridades no logran identificar a todos los hospedajes clandestinos ni obligarlos a asumir los gastos de cumplimiento que los hospedajes registrados deben sostener.

Obligando a los clandestinos, a través de las plataformas digitales que usan, de pagar una cuota parecida (en realidad aún menor) a los gastos de cumplimiento de los hoteles y otros hospedajes regulares, no es "discriminación sino un pequeño pasa hacia la equidad.

No hay "discriminación" porque los propietarios clandestinos pueden simplemente salir de su clandestinidad e ilegalidad registrándose y legalizando su actividad, y de esta manera salir del grupo de "discriminados" y así tributar al 10 % como cualquier hotel. Una vez aprobado el proyecto 301, esa vía quedará abierta también para quienes hoy no pueden registrarse.

El autor es propietario de un pequeño aparthotel regularmente registrado con la ATP. Es miembro de la Camara de Comercio y Turismo y de APATEL, pero no representa necesariamente las posiciones oficiales de esta asociaciones.